América Latina / Covid-19

Las medidas alternativas a la prisión: una necesidad para la cooperación ALC-UE en tiempos de COVID-19

29 mayo 2020

Agenda del webinario

El próximo 3 de junio, los programas de la Unión Europea, EL PAcCTO, EUROsociAL+ y COPOLAD II, organizarán un webinario para compartir las experiencias entre la UE y América Latina y el Caribe sobre el uso de medidas alternativas a la privación de libertad durante la pandemia El objetivo es analizar también los retos de futuro y cómo esas medidas alternativas son fundamentales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, la cohesión social e inclusión social y el respeto de los derechos humanos.

Este webinario es un seguimiento de la Declaración de Montevideo aprobada por 150 representantes de más de 30 países de América Latina, el Caribe y la UE el pasado mes de septiembre de 2019 en Montevideo, Uruguay, durante la Conferencia Birregional de Medidas Alternativas a la privación de libertad organizada por EL PAcCTO, EUROsociAL+ y COPOLAD II.

La Declaración aboga por el desarrollo de un uso más sistemático de las medidas alternativas a la privación de la libertad para los delitos más leves y las personas que no representan un peligro para la comunidad. Pone especial énfasis en poblaciones vulnerables (como mujeres o personas relacionadas con usos o tráfico de sustancias) encarceladas por delitos menores.

Durante aquella conferencia, se presentaron varios estudios en la materia. Por un lado, un ”Catálogo de medidas alternativas a las penas privativas de libertad” que resume las principales herramientas que se aplican en los distintos países de Latinoamérica. También pone de manifiesto que la prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia, ya que numerosos estudios internacionales indican que ésta se transforma en una escuela de crimen.

Se presentó también la publicación “Perspectiva de género y alternativas a las penas de privación de libertad en prisión: estrategias para mejorar los procesos de inserción y abandono del delito de mujeres”. Aborda el caso específico de las mujeres privadas de libertad, sin olvidar la posible extensión de las medidas alternativas a otros grupos que se hallan en una situación de vulnerabilidad.

Los programas organizadores del webinario han tenido en cuenta tanto los insumos producidos a nivel nacional e internacional, que sirvieron de contextualización para aquella reunión, como las novedades generadas desde entonces por parte de  diversos organismos internacionales relevantes en la materia.

Retos actuales y de futuro en torno a las medidas alternativas

El webinario que se desarrollará el próximo 3 de junio está destinado a altos representantes de los sistemas penitenciarios, poderes judiciales, ministerios públicos y defensorías de Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea.

El principal objetivo es poner el foco en las medidas alternativas que se han desarrollado estos meses de crisis COVID-19 en las dos regiones y analizar cómo se puede crear un sistema efectivo, estable y duradero para la aplicación futura de estas medidas.

Se abordarán también las estrategias de comunicación y sensibilización más adecuadas para dar a conocer los efectos positivos que suponen la aplicación de medidas alternativas.

El Jefe de Unidad de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Jorge de la Caballería, inaugurará el seminario virtual junto a representantes de los tres programas regionales organizadores.

El webinario se divide en tres bloques:

1.Una panorámica a la situación actual en el Hemisferio Americano, a cargo de Adam Namm, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA)

2. Panel sobre Las medidas alternativas a la privación de libertad en la emergencia   por la COVID-19. En este panel intervendrán:

3. Panel sobre El cambio de paradigma en las prisiones en tiempos post-COVID. Con la intervención de:

En la clausura participarán Anna Terrón, directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Hervé Conan, director general adjunto de Expertise France (EF), Antonella Cavallari, secretaria general del IILA y el jefe de la Unidad de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Jorge de la Caballería.

La situación de las prisiones en América Latina durante la emergencia sanitaria

A la situación preocupante de hacinamiento y las deficientes condiciones de reclusión en algunos centros penitenciarios de América Latina y Caribe, se ha sumado la expansión de la COVID-19. La imposibilidad de distanciamiento social y la precariedad de los sistemas sanitarios en el interior de las prisiones aumenta las posibilidades de contagio entre la población privada de libertad.

Además, la tensión que genera esa situación ha tenido su reflejo en protestas que se han producido en las últimas semanas en algunos centros penitenciarios de varios países de Europa y Latinoamérica como Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Brasil, Francia e Italia.

Los grupos criminales organizados aprovechan esta situación para organizar motines y expandir así su poder en los centros penitenciarios y obtener beneficios para sus líderes.

Por otro lado, las personas privadas de libertad conforman uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, especialmente en situaciones particulares como la actual pandemia. El distanciamiento social, aplicado en general para evitar el contagio, resulta imposible en una institución penitenciaria, aún más cuando se encuentra en situación de hacinamiento.

Esto exige una atención individualizada a las personas privadas de libertad desde dos perspectivas: para prestar un seguimiento con garantías de eficacia y protección de los derechos humanos a las personas privadas de libertad, y para evitar que el crimen organizado se aproveche de esas medidas para incrementar su poder

EL PAcCTO, EUROsociAL+ y COPOLAD II abogan por abordar el tema de medidas alternativas a la privación de libertad, que podría prevenir el hacinamiento y, por lo tanto, a evitar situaciones de conflicto, fomentar la lucha de forma eficaz contra el crimen organizado y la garantía de los derechos humanos durante y después de la pandemia.