América Latina / Delitos Medioambientales

EL PAcCTO por la protección de la biodiversidad

03 marzo 2020
Jaguar descansando

La celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre nos recuerda la necesidad de combatir eficazmente los delitos contra la fauna silvestre y la biodiversidad en su conjunto.

La delincuencia medioambiental es un negocio ilícito extremadamente lucrativo comparable al tráfico de drogas, armas y al contrabando. Según estimaciones de INTERPOL y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2018 los delitos ambientales representaron aproximadamente un volumen de negocio de entre 91 y 258 mil millones de dólares.

Tráfico de vida silvestre: las cifras

Si el volumen de negocio ilícito nos da una visión macro de la problemática, la magnitud del mismo se aprecia con cifras alarmantes:

  • Un 83% de la vida silvestre en América Latina ha desaparecido desde 1970;
  • 90.000 especies animales vivas fueron confiscadas en Perú entre 2000 y 2018 según el SERFOR peruano;
  • Más de 20.000 elefantes son cazados ilegalmente cada año por su marfil;
  • El 20% de la Amazonía ha sido deforestada o destruida en los últimos 40 años;
  • El 50% de los bosques panameños están deforestados según el Ministerio de Ambiente de Panamá.

Sin embargo, las cifras únicamente muestran la parte visible de la problemática. Aquella que se consigue investigar y sale a la luz gracias a investigadores, entes públicos y privados comprometidos, y una sociedad civil realmente activa.

Desarrollo normativo efectivo: ¿una quimera?

A nivel legislativo, aunque la mayoría de países tiene normativa avanzada prohibiendo el comercio de especies protegidas, su cumplimiento, en muchos casos, es mejorable.

Además, un importante número de legislaciones únicamente incluyen tipificaciones para los delitos ambientales más “vistosos” como la minería ilegal, la contaminación, la deforestación y tráfico de madera o el tráfico de vida silvestre. Obvian así otros sumamente importantes como el comercio ilícito de materiales que afectan la capa de ozono, los delitos urbanísticos o los incendios. En este sentido, es necesario la actualización normativa y su efectiva implementación y fiscalización.

Otro aspecto para reflexionar conjuntamente está en las penas que se establecen por motivos de tráfico y comercio ilícito de biodiversidad en comparación con las de narcotráfico o tráfico de armas y seres humanos. En efecto, la imposición de penas leves está atrayendo a grupos criminales organizados que buscan un rápido lucro con mínimos riesgos. En muchos casos la legislación establece sanciones administrativas para acciones contra la naturaleza que deberían ser tratadas a nivel penal o criminal.

La demanda de vida silvestre: el principal problema

El crecimiento de la demanda de vida silvestre para multitud de usos explica el incremento exponencial del tráfico ilegal de la biodiversidad en los últimos años.

Algunos ejemplos son los casos de tráfico de anguilas debido a su consideración como manjar y su gran valor de mercado; los grandes felinos como el jaguar o la pantera utilizados como trofeos y para la venta de sus pieles y colmillos; los pangolines para la utilización en medicina tradicional china; o los anfibios como decoración.

Durante muchos años la presión ha estado puesta sobre los países de origen, principalmente de África y América Latina. Se les exigía que realizaran inspecciones e interdicciones antes de que salieran de sus países. En este esquema de trabajo se asumía que la responsabilidad recaía íntegramente en las autoridades del país de origen. Sin embargo, esta aproximación no dio ningún fruto relevante.

Asumir las responsabilidades pertinentes de los países de tránsito y, sobre todo, de los países compradores y de destino es esencial para atajar la problemática. A esto habría que añadirle la necesidad de establecer canales efectivos de comunicación e intercambio de información entre países e instituciones judiciales y policiales.

Iniciativas para atajar la problemática hay muchas y muy variadas, tanto a nivel de países y organismos internacionales y regionales, como de la sociedad civil y entes privados. Sin embargo, falta cierta coordinación que evite duplicidades.

En este sentido, quizás, sería interesante trabajar en cambios culturales y de tradiciones con las sociedades consumidoras para poder obtener resultados exitosos y sostenibles a largo plazo.

Convención CITES

CITES es un acuerdo internacional y multilateral ratificado por 183 países cuyo objetivo es asegurar que el comercio internacional de vida silvestre y plantas no amenaza su supervivencia, particularmente de aquellas especies en peligro. Es por eso que, desde su entrada en vigor el 1 de julio de 1975, CITES establece listados específicos de especies protegidas cuya comercialización es ilícita.

En la actualidad hay más de 5.800 especies animales y 30.000 especies de plantas inscritas y protegidas por la Convención CITES en sus Apéndices I, II y III. La información se puede consultar en la web speciesplus.net.

La Red Jaguar para proteger la vida silvestre

EL PAcCTO trabaja desde 2018 para fortalecer la lucha contra los delitos medioambientales entre Europa y Latinoamérica. Un esfuerzo que ya ha dado sus frutos con la Red Jaguar. La red, creada en 2019, está activa y reúne a policías especializados en delincuencia medioambiental que intercambian información e inteligencia estratégica entre las dos regiones.

Los países que conforman la red son: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Grecia, Italia, México, Panamá, Países Bajos, Perú y Portugal. En la red participa también EUROPOL y cuenta con la colaboración de INTERPOL.

Desde la creación e institucionalización de la Red Jaguar la red ha apoyado directa o indirectamente el desarrollo de 11 investigaciones internacionales.

 

Marc Reina, gestor del componente de Cooperación Policial de EL PAcCTO

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